Desde hace algunos años se viene asistiendo al desmantelamiento de las principales herramientas de control administrativo para el acceso a determinadas actividades económicas, esencialmente, aunque no exclusivamente, en el sector servicios. Los legisladores han entendido que la actividad de la Administración pública viene a entorpecer, en buena medida, la creación de empresas y la prestación de servicios por parte de los profesionales.
En esta línea de pensamiento se encuadran normas como la Directiva de Servicios que viene a exigir a los Estados miembros un determinado modo de entender la actividad de policía administrativa en supuestos, incluso, en los que no hay ningún elemento transfronterizo. Esta norma europea viene, entre otras cosas, a sustituir los medios de control administrativo previo (autorizaciones y licencias), por sistemas de control posterior (declaraciones responsables y comunicaciones previas). Nuestro país se ha mostrado entusiasmado con esta propuesta y, en algunos supuestos, ha ido más allá de lo exigido por la propia Directiva. Así lo demuestra la aprobación a finales de 2013 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, norma que extiende los vientos liberalizadores a todas las actividades económicas y que ha sido declarada parcialmente inconstitucional porque vulneraba competencias económicas de las comunidades autónomas.
Así las cosas, uno de los sectores que más afectado se ha visto por este cambio de paradigma en el control administrativo ha sido el turismo. Un sector donde la Administración juega un papel esencial para garantizar el respeto a los intereses generales y mantener unas adecuadas cotas de calidad.
Esta liberalización facilita las cosas a aquellos que piensan que se deben mejorar los números del turismo a toda costa, es decir, incrementar la oferta para aumentar la demanda, sin perjuicio de otros intereses vitales en juego. Volver, en definitiva, a la situación de mediados del siglo pasado, es decir, al desarrollismo.
Y no se defiende en este trabajo una visión decimonónica de la Administración, es decir, los métodos tradicionales de control a toda costa. Más bien al contrario, no se entiende que con los avances en las tecnologías de la información y del conocimiento no se haya dotado a las Administraciones competentes de medios adecuados para llevar a cabo controles eficaces y menos invasivos a los promotores de actividades turísticas.